ADIÓS A LAS GASOLINERAS «FANTASMA» SIN EMPLEADOS

• Modifica el Estatuto de los Consumidores para exigir al menos un responsable del servicio en horario diurno
• El nuevo texto, ya en vigor, obliga al operario a asistir a los conductores con discapacidad

Las gasolineras desatendidas, aquellas estaciones de servicio automatizadas que carecen de personal de atención al público, serán pronto historia en la Comunidad Valenciana. El Gobierno autonómico ha completado un cambio legislativo que erradica definitivamente esta figura de las carreteras de la región. Al menos en horario diurno, cada centro deberá contar como mínimo con un responsable del servicio.

El nuevo escenario, que entró en vigor el pasado de 31 de diciembre, representa todo un revés para las gasolineras low cost, que en aras de la reducción de costes han apostado, en muchos casos, por implantar sistemas de repostaje guiados y de cobro con tarjeta. Sus consecuencias se reflejan de inmediato en las cifras de desempleo. Porque, con este modelo, ya no resulta imprescindible mantener los puestos de trabajo.

Las estaciones de servicio tradicionales, organizadas en diversas organizaciones, han venido denunciado de forma reiterada los efectos perniciosos de esta nueva fórmula de negocio, que ofrece suculentos descuentos en los precios del combustible gracias, en parte, al ahorro en personal.

Advierten de los riesgos para la seguridad de los usuarios, en el caso de que se produzca un accidente; o la discriminación de quienes padecen problemas de movilidad, que hasta ahora contaban con la asistencia del operario para completar con éxito el proceso de reabastecimiento.

La propia Confederación Española de

Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) promovió en febrero de 2015 una campaña, a la que se sumaron sindicatos y empresarios del sector, en favor de un cambio legislativo que garantizase sus derechos. Once meses después, tras el relevo en el Palau de la Generalitat, la reivindicación se ha materializado.

Finalmente, la Administración autonómica ha optado por introducir una disposición adicional en el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, según expone el presidente de la Asociación Española de Vendedores de Carburante (Aevecar), Alejandro Ripoll.

La nueva redacción, incorporada a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat, no sólo obliga a las gasolineras a «disponer de una persona responsable de los servicios que se prestan» en horario diurno. También impone la asistencia a discapacitados «cuando no puedan acceder al suministro en régimen de autoservicio». Las cooperativas que operan surtidores tampoco están eximidas de cumplir estas exigencias .

Si bien la disposición entró en vigor hace dos semanas, resta aún por delimitar qué franja horaria comprenderá exactamente. Corresponde a la Conselleria de Economía, Comercio y Consumo clarificar este punto en una resolución que, aunque todavía no se ha dictado, sí puede intuirse su signo.

Según el presidente de Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Javier Bru, irá en consonancia con el convenio de gasolineras de la Comunidad Valenciana, donde el horario diurno arranca, en función de los casos, a las 6 o 7 de la mañana y finaliza a las 10 u 11 de la noche. Por tanto, cubrirá la práctica totalidad de la jornada, a excepción de las horas de madrugada.

¿Pero por qué no rige esta obligatoriedad las 24 horas? «Muchas estaciones de servicio ubicadas en áreas rurales se verían obligadas a cerrar por el incremento de costes, lo que podría dejar desabastecidas amplías zonas del interior», responde Alejandro Ripoll. El sector coincide con el criterio del director general de Consumo, Natxo Costa. La prueba es que la modificación normativa, que sigue los pasos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, cuenta con el respaldo de las principales patronales.

Las low cost están obligadas ahora a adaptarse a este nuevo escenario. «Tenemos constancia de que algunas empresas han contratado personal», advierte Bru, pero lo cierto es que todavía restan gasolineras desatendidas en la Comunidad Valenciana. Se enfrentan a multas de entre 3.000 y 15.000 euros, ya que el incumplimiento de esta norma se contempla como infracción grave en el régimen sancionador del Estatuto de los Consumidores.

Según las fuentes consultadas, la idea de la Conselleria es iniciar antes del próximo verano una serie de inspecciones de advertencia, para dejar constancia de los cambios que se han introducido en la legislación vigente y forzar a asumirlos a las firmas díscolas. Desde el sector de las estaciones de servicios se estima que las medidas del Consell contribuirán a detener la destrucción de empleo, si bien desde 2010 se han perdido cerca de 10.000 en todo el territorio nacional. En la Comunidad Valenciana, las gasolineras ‘low cost’ superan el centenar, aunque no todas ellas carecen de plantilla.

Fuente: elmundo.es